Al único que protege esa ley, es a las banca porque incluso dificulta el trabajo de las cooperativas eliminando sus competencias.
Álvaro Troya, exviceministro de política económica, señaló que la Ley de Defensa de la Dolarización que el Gobierno busca aprobar a toda acosta a través de la Asamblea Nacional, solo favorece al sector de la banca privada puesto que elimina los controles sobre las tasas de interés, elimina el techo de comisiones o servicios financieros, pero sobretodo le da la potestad de quitarle todos los bienes a quienes no pueden pagar los créditos que adeudan a nombre de un supuesto alivio de los efectos de la pandemia: “Este artículo se encuentra en la disposición transitoria quincuagésima sexta”.
La normativa plantea sobrevalorar los bienes embargados para evitar que la banca privada registre perdidas y de esa manrea generar utilidades ficticias en los próximos tres años: “Es decir acaban con los clientes de la banca, despojándolos de todo (…) Busca precautelar los intereses de un sector en particular”.
Con ese antecedente, dijo que no sorprende que el candidato Guillermo Lasso apoye este proyecto de ley porque en el caso de Banco de Guayaquil hubo un despiadado cobro de intereses y comisiones en época de pandemia, por lo que este tipo de cuerpo legal le facilita afectar a sus clientes y seguir metiendo la mano en el bolsillo de sus clientes, sin recibir ningún tipo de sanción.
Indicó además que se busca eliminar las competencias a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, introduciendo una normativa más fuerte, lo cual justamente coincide con una resolución de la Junta Monetaria y Financiera donde se sugiere que las cooperativas pequeñas deben desaparecer: “Favoreciendo a la banca”.
Troya indicó que la banca privada ha sido la más favorecida en el Gobierno de Lenín Moreno, lo que se evidencia en sus utilidades, puesto que en comparación de 2016 donde ese sector registró USD200 millones por ese rubro, en el 2019 superó los USD600 millones cuando la economía del país no creció nada. Además alertó que en 2020 las comisiones de servicios financieros que se cobran por el uso de tarjeta de crédito alcanzaron los USD400 millones: “Entonces hay comisiones que no están siendo reguladas y que no ayudan al desarrollo económico, sino que están encareciéndose en una época que se necesita pagos digitales”.
“SE DICE QUE QUIERE BLINDAR UN POTENCIAL ABUSO DE LOS RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO, PERO SE LOS TRASLADA AL SECTOR PRIVADO, SE PASA DE UN ABUSO A OTRO Y NO BUSCAN UN EQUILIBRIO PORQUE LA LEY NO ESTÁ PLANTEANDO QUE LOS RECURSOS DE LOS DEPOSITANTES ESTÉN CUBIERTOS Y SE QUE SE USE PARA ATENCIÓN EN SALUD O EDUCACIÓN; ÚNICAMENTE SE LE ENTREGA A LA BANCA PRIVADA”.
Recordó que esto ya pasó en 1999, año en el que se registró el feriado bancario con la extinción del 95% de los depósitos de los ecuatorianos en la banca; por ello reiteró que el objetivo no es la defensa de la dolarización sino devolverle a los privados el control de la política económica y monetaria: “Parecería que no habrá puntos de encuentro entre el ejecutivo y la asamblea”.
Además aseveró que desde la óptica política el régimen no tiene legitimidad para insistir en la ley puesto que además de no tener representantes en la Asamblea, tampoco cuenta con credibilidad.
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